Los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen políticas públicas ambientales desde hace siglos, por eso es que los bosques se han conservado’ dijo el líder indígena panameño Cándido Mesúa, de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, en el primer día de trabajo de la Reunión del grupo de Gobernadores por el Clima y los Bosques (GCF), en Guadalajara.

El grupo de Gobernadores por el Clima y los Bosques ha sumado el día de hoy a 6 nuevos miembros, con lo que agrupa a 34 gobernadores de provincias y estados de diversas partes del mundo que se adhieren al compromiso de reducir la deforestación en un 80% en los próximos cuatro años y contribuir significativamente a la reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero a partir de la conservación y manejo sustentable de los bosques y selvas.

La superficie que cubren estos estados supera ya el 30% de la totalidad de los bosques tropicales del mundo, e incluye estados tan importantes como Mato Grosso, Acre, Amazonas y la Rondonia en Brasil, Papua Occidental y Kalimantan en Indonesia, Ucayali, San Martín, Loreto y Madre de Dios en Perú, además de Chiapas, Campeche, Jalisco, Tabasco y Quintana Roo en México. Ahora ha sido aceptado el estado de Yucatán, mientras que Oaxaca está en la lista de observadores con la intención de integrarse muy pronto.

Uno de los asuntos más relevantes de esta sesión del GCF es el de identificar y acordar una serie de principios que permitan incluir de manera crucial a las comunidades indígenas y tradicionales en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas destinadas a reducir la deforestación y a mitigar el cambio climático.

Esto resulta de gran importancia, ya que a lo largo de las últimas décadas las comunidades indígenas y tradicionales del mundo han logrado que sus derechos sobre el territorio y la libre determinación sean reconocidos tanto en organismos multilaterales como la ONU, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Acuerdo de París, la declaración de Río Branco y otros acuerdos globales, y en leyes nacionales, tales como la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para citar el caso más cercano. Ahora sigue que dicho reconocimiento se haga efectivo en la implementación de las estrategias, políticas y financiamiento para reducir emisiones por deforestación y degradación forestal, con todos los beneficios que esto implica en términos sociales y ambientales.

Las alianzas indígenas buscan que el grupo de gobernadores del GCF reconozca y suscriba una serie de principios en los que se establece que las comunidades indígenas y locales son líderes en la implementación de perspectivas exitosas de conservación forestal, de manejo y aprovechamiento sustentable de los bosques, y en general del desarrollo rural de bajas emisiones, que contribuyen a enfrentar el cambio climático. También buscan que fluyan fondos suficientes y de manera oportuna para que las comunidades participen en el diseño e implementación de políticas y estrategias para evitar la deforestación, y que los proyectos se instrumenten en beneficio de las comunidades que habitan los bosques.

Si bien los gobernadores representados en el grupo de trabajo reconocen y aprecian el papel de las comunidades indígenas en el manejo sustentable y la conservación de los bosques, algunos subrayan las dificultades para instrumentar estos principios, sobre todo debido a que la mayoría de los estados tiene muchas etnias o grupos indígenas diversos, lo que dificulta la representatividad y presenta problemas para consensuar e instrumentar las políticas. También les ha resultado complicado armonizar los derechos de libre determinación de los territorios indígenas, con los mandatos, atribuciones y competencias de los gobiernos de los estados.

Es necesario encontrar rutas de colaboración, comunicación, representatividad y reciprocidad entre los estados y los territorios indígenas para poder hacer compatibles las políticas estatales con los derechos, estructuras y saberes de las comunidades. Este grupo de gobernadores del clima tiene la oportunidad de contribuir al alcance de esta armonía, partiendo del reconocimiento de una serie de principios básicos de entendimiento y respeto a los derechos ancestrales sobre el territorio.

En este contexto, esta sesión anual del grupo de trabajo de gobernadores por el Clima, acuerda el ‘Llamado a la acción de Jalisco’ que sintetiza una serie de medidas para instrumentar los acuerdos y compromisos previos. Entre estas medidas se incluye el financiamiento para preparación de proyectos para ser financiados por países, fondos privados y bancas multilaterales. Tal es el caso del CAF, banca de desarrollo de América Latina, que ha destinado recursos a fondo perdido para México, Brasil y Perú, para una etapa de preparación de estrategias ‘subnacionales’ o ‘jurisdiccionales’ para el manejo sustentable de los recursos forestales.

La apuesta de las comunidades indígenas y locales en esta cumbre del GCF es que desde la etapa de diseño de estos fondos y estrategias se consideren una serie de principios que garanticen su participación de manera sistémica en las decisiones que atañen al manejo del territorio y en lo relativo al acceso a los beneficios derivados de éste. Hay avances sustanciales, pero los retos ante el cambio climático son mayúsculos y el reconocimiento de los derechos y el papel de las comunidades es aún muy incipiente.